El Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Salud de la Cámara andaluza en la que insta al Gobierno autonómico a establecer en el plazo de tres meses un protocolo de actuación y prevención en materia de alergias alimentarias, de obligado cumplimiento para todos los centros escolares, que garantice la seguridad y protección de los menores escolarizados afectados.

Junto a esta medida, el PP-A plantea que se fomenten los convenios con la hostelería para facilitar la información a los consumidores, desarrollar actividades destinadas a la prevención con las asociaciones que representan a los alérgicos e intolerantes alimenticios para mejorar su calidad de vida y poner en marcha, en el plazo de tres meses, el portal web destinado a informar a la sociedad en materia de alergias alimentarias y sobre los instrumentos que para la prevención a favor de la seguridad y protección de los menores existen en la comunidad.

En la exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria, el PP-A recuerda que Andalucía tiene competencias sanitarias en la inspección de los establecimientos públicos alimentarios, desde industrias al comercio minorista, y de establecimientos de restauración, incluidos los comedores escolares, con base en la amplia normativa existente en este campo. Además, sostiene que la "prioridad" otorgada a estas actuaciones, con base en las competencias que tiene la comunidad autónoma, "obedece a la gran importancia que tiene el garantizar la seguridad y calidad de vida de los menores y escolares afectados por alergias e intolerancias alimentarias", toda vez que apunta que "ambas patologías pueden condicionar en gran medida la plena integración y seguridad de los menores".

En este sentido, los populares andaluces han detallado que "hemos detectado la inexistencia de un protocolo de prevención, actuación y control en alergias alimentarias, que sea de obligado cumplimiento en todos los centros escolares, y que permita garantizar la plena seguridad de los menores y escolares afectados por alergia e intolerancia alimentaria, en todos los ámbitos (aula, recreo, actividades extraescolares, celebraciones de diferente índole, excursiones...) y no solo dentrode los comedores de los centros educativos".

De esta manera, consideran que la existencia y aprobación de este protocolo, que correspondería elaborar a la Junta de Andalucía, "es imprescindible para propiciar una rápida y eficaz actuación del centro ante la ingesta accidental del alérgeno, que podría llegar a causar incluso el fallecimiento de los menores afectados".

Y añaden que este protocolo de prevención y actuación ha de ser de obligado cumplimiento, también, en los ciclos de 0 a 3 años y de 0 a 6 años, ya que son edades de alto riesgo por dos motivos: primero, la dificultad de controlar a niños tan pequeños y, en segundo lugar, porque son edades en las que tiene una alta incidencia la aparición de alergias alimentarias.

Del mismo modo, el PP-A sugiere que "es necesario" enmarcar las competencias respecto a los campamentos para menores en épocas no lectivas (vacaciones) y lectivas, muchas veces organizados por entidadestanto públicas como privadas, pero que "han de ser regulados por los mismos protocolos de obligado cumplimiento, ya que está en juego la salud, la vida y el derecho de estos menores a la inclusión en actividades de convivencia y ocio con otros menores, fuera del ámbito escolar".